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Nº 1 - Jurisprudencia Comparada

  
 

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Abstract
  
Patrikova Bulgaria (application no. 71835/01)Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Se declaró ilegal el secuestro, retención y declaración de abandono de la mercadería de una comerciante, efectuado por las autoridades impositivas. En el caso se consideraron vulnerados los derechos de propiedad (Artículo 1del Protocolo No. 1) y el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable en un proceso civil (Articulo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).
  
CDI vs Holanda ( derecho a la vivienda de niños que ilegalmente permanecen en territorio holandés)Comité Europeo de Derechos Sociales
El Comité Europeo de Derechos Sociales, es un órgano jurisdiccional regional creado para tratar y juzgar que el derecho y la práctica de los Estados partes esté de conformidad a La Carta Social Europea que por u parte establece una serie de derechos sociales y económicos, y los Estados partes se comprometen a garantizar dichos derechos a todas las personas que estén bajo su jurisdicción.
El tratado, fue adoptado en 1961, revisado en 1996 y modificado a través de tres protocolos adicionales, ha sido firmada por los 47 miembros del Consejo Europea y ratificada por 43 de esos Estados. 14 de esos Estado reconocen el derecho de las personas colectivas (ONGs) para revestir la calidad de parte denunciante.
Esta Carta complementa el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que trata derechos civiles y políticos y cuyo cumplimiento es vigilado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Comité Europeo de Derechos Sociales está compuesto de 15 expertos independientes elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y duran en sus cargos de 6 años, pudiendo ser reelegidos una única vez.
En el presente caso motivado por una denuncia de una ONG versó sobre el derecho de los niños que se encuentran de manera ilegal en territorio Holandés, a acceder a una vivienda digna mientras se encuentre en jurisdicción de los Países Bajos. El Comité consideró que la ley de extranjería que excluye a los menores de ese beneficio resulta violatoria de los & 1 y 2 del artículo 31 de la Carta revisada.
  
Discriminación entre regimenes de pensión de parejas casadas y uniones civiles registradasTribunal Constitucional Federal

El actor, que vivía con su pareja en unión civil registrada, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra el trato legislativo desigual a las uniones civiles  respecto de los matrimonios, en lo que atañe a los derechos de pensión por fallecimiento del supérstite, en virtud de un plan de pensiones para los empleados en el ámbito civil.

La Sala I del Tribunal Constitucional Federal acogió el reclamo por considerar que las normas del sistema de pensiones en cuestión vulneran el derecho fundamental del recurrente, a la igualdad de trato en virtud del artículo 3.1 de la Ley Fundamental (Grundgesetz - GG).

  
Validez del tratado de LisboaConsejo Constitucional Francés