Omitir los comandos de cinta Saltar al contenido principal
Ayuda (nueva ventana)
Inicio de sesión
Desplazarse hacia arriba

Nº 3 - Doctrina

  
 

 Documentos

 
  
  
Abstract
  
El niño homicida como efecto de discursoDra. Amelia Haydeé Imbriano
Las transformaciones societarias derivadas de la conjunción del desarrollo de las tecnociencias y el florecimiento del liberalismo económico, construyen una variable cultural en donde es posible el incumplimiento de los derechos humanos y la transformación de lo ilegítimo en legítimo. Punto de ocasión para un debilitamiento de la función paterna en tanto operación jurídica. Al estar en disfunción lo simbólico en tanto Ley, las conflictivas imaginarias no tienen otra alternativa de resolución más que a través de un empuje en lo real. Allí encuentra posibilidad la emergencia del sujeto en una máxima expresión real: mato o muero.
  
Límites temporales al poder del Estado. La prescripción de los delitos culposos y dolosos: es lógica y razonable?Dres. Alberto Raúl Santos Giordano y Hernán Ezequiel Pagano
Los autores analizan la cuestión relativa a la extinción de la acción penal por paso del tiempo en los delitos culposos en comparación con los dolosos. La evaluación toma en cuenta la garantía a ser juzgado en un plazo razonable en los términos en que fue formulada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  
Suspensión de juicio a prueba en el sistema penal tributarioDr. Ricardo Ángel Basilico
Tal como lo expresa Vitale, los supuestos de extinción de la acción penal que han sido previstos en la legislación penal tributaria y provisional (antes en el artículo 14 de la derogada ley 23.771/90 y luego en el artículo 16 de la ley 24.769) deben ser considerados como pautas de valoración en pos  del reconocimiento de un grupo de delitos a los que se aplica la suspensión de juicio a prueba.
Cabe aclarar que más allá de lo expresado, existen diferencias entre los institutos de las leyes especiales mencionadas y el regulado en el Código Penal (art. 76 bis y ssgtes Ley 24.316), esto resulta así toda vez que el art. 14 de la ley 23.771 y 16 de la ley 24.769, establecen supuestos de extinción de la acción penal por cumplimiento de la obligación fiscal o previsional (previa aceptación de la pretensión por parte del imputado), mientras que el Código Penal en virtud de la norma prevista en la ley 24.316 incorporó un caso de “paralización del trámite del proceso penal durante un período de prueba legalmente establecido, transcurrido el cual ( y en la medida que el imputado haya cumplido satisfactoriamente con una serie de condiciones que la ley enumera) se producirá recién la extinción de la acción penal (como efecto jurídico de ese cumplimiento)”. 
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, quizás lo más importante de señalar es que ambos supuestos (los establecidos en las normas de mención) constituyen manifestaciones del principio de oportunidad reglada por la ley, con control judicial formal, cuyo  funcionamiento depende de la voluntad del imputado. En uno y en otro caso, una vez cumplidos los recaudos establecidos por la norma respectiva la potestad sancionadora del Estado desaparece, correspondiendo declarar judicialmente la extinción de la acción penal cuyo ejercicio ya había sido iniciado.
           Así las cosas, a manera de introducción debemos decir que, si para el derecho penal tributario y previsional tenemos una causal de extinción de la acción penal de considerable amplitud y accesible para las empresas, no resulta ajustado  atribuir a la suspensión de juicio a prueba un alcance mas limitado que el de la mencionada ley especial tributaria, en virtud de vislumbrarse la vulneración de derechos de carácter constitucional.
            El estudio que se realizará en el presente y en virtud de los nuevos fallos que se analizarán de continuo, resultará en determinar si la aplicabilidad de la suspensión del proceso penal a prueba, en el ámbito de la ley penal tributaria, altera o no el régimen de esta última regulación, ello por cuanto la ley 24.316 establece expresamente que “las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771 (art. 10)”.El autor aborda el estudio de la aplicacbilidad del instituto de la suspensión del proceso a prueba a los delitos tipificados en la ley penal tributaria a la luz de la jurisprudencia de los tribunales nacionales y de la la ley 24.316 establece expresamente que “las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771 (art. 10)”.