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Nº 4 - Jurisprudencia Comparada

  
 

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Abstract
  
Brasil Tribunal Federal delito de racismo- AbstractSupremo Tribunal Federal (Brasil)
  
Brasil tribunal superior en pleno imparcialidadTribunal Superior de Justicia en Pleno (Brasil)
Juez inquisidor. Principio de imparcialidad
El Procurador General de la República presento una acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 3 de la ley 9.034/95, la cual determina que los jueces deben llevar la investigación y la recolección de evidencia en casos de prosecución criminal donde haya posibilidad de violación del derecho a la privacidad o confidencialidad garantizados por la constitución y por la ley sobre fiscal, bancos, información financiera o electoral. Los peticionantes reclaman que la disposición es impugnada por introducir la figura del juez inquisidor en el procedimiento judicial brasilero violando los principios de imparcialidad del juez y la publicidad de los procedimientos consagrado en los artículos 5.LIV, 5.LV, 93.IX y 129.I de la Constitución Podría peligrar el debido proceso en el sistema de justicia criminal. La Corte estableció inicialmente que la disposición impugnada de la ley 9.034/95 fue parcialmente revocada por la legislación subsecuente de un rango superior (Ley complementaria 105 de 10.01.2001), específicamente sobre la protección privada de la información financiera de los bancos. De este modo se recuerda ante la corte la cuestión de inconstitucionalidad de la provisión relacionada a la recolección de información fiscal y electoral que pueda equivaler a una violación constitucional y garantís legales. Con respecto a esto la Corte considera que el artículo 3 de la ley 9.034/95 ha creado un excepcional procedimiento penal ajeno a la ley brasilera instituyendo la figura de juez instructor concediendo sobre los jueces funciones que generalmente corresponden normalmente al Procurador General de la República y autoridades policiales. Dejando que el juez personalmente colecte las pruebas que mas tarde podrán servir como fundamentación de su propia regla esa disposición puede disminuir la imparcialidad del juez en el debido proceso. Por estas razones la corte decidió por mayoría votar en aceptar parcialmente la acción declarando la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 9.034/95 y sus referencias con respecto a informaciones fiscales y electorales.
Juez inquisidor. Principio de imparcialidad
El Procurador General de la República presento una acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 3 de la ley 9.034/95, la cual determina que los jueces deben llevar la investigación y la recolección de evidencia en casos de prosecución criminal donde haya posibilidad de violación del derecho a la privacidad o confidencialidad garantizados por la constitución y por la ley sobre fiscal, bancos, información financiera o electoral. Los peticionantes reclaman que la disposición es impugnada por introducir la figura del juez inquisidor en el procedimiento judicial brasilero violando los principios de imparcialidad del juez y la publicidad de los procedimientos consagrado en los artículos 5.LIV, 5.LV, 93.IX y 129.I de la Constitución Podría peligrar el debido proceso en el sistema de justicia criminal. La Corte estableció inicialmente que la disposición impugnada de la ley 9.034/95 fue parcialmente revocada por la legislación subsecuente de un rango superior (Ley complementaria 105 de 10.01.2001), específicamente sobre la protección privada de la información financiera de los bancos. De este modo se recuerda ante la corte la cuestión de inconstitucionalidad de la provisión relacionada a la recolección de información fiscal y electoral que pueda equivaler a una violación constitucional y garantís legales. Con respecto a esto la Corte considera que el artículo 3 de la ley 9.034/95 ha creado un excepcional procedimiento penal ajeno a la ley brasilera instituyendo la figura de juez instructor concediendo sobre los jueces funciones que generalmente corresponden normalmente al Procurador General de la República y autoridades policiales. Dejando que el juez personalmente colecte las pruebas que mas tarde podrán servir como fundamentación de su propia regla esa disposición puede disminuir la imparcialidad del juez en el debido proceso. Por estas razones la corte decidió por mayoría votar en aceptar parcialmente la acción declarando la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 9.034/95 y sus referencias con respecto a informaciones fiscales y electorales.
 
  
Colombia Corte Suprema principio de inmediación deber de contacto directo con la pruebaCorte Suprema de Justicia. Sala de casación penal (Colombia)
  
Corte Colombia inimputabilidad diferenciada para casos de menores Se deben tener en cuenta sus facultades personalesCorte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal  (Colombia)
  
Corte Suprema Colombia prisión domiciliaria condiciones del imputadoCorte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Penal
  
Corte Suprema de Colombia exclusión del fuero militar para delitos de lesa humanidadCorte Suprema de Justicia. Sala de casación penal (Colombia)
  
Francia Consejo Constitucional Indiviudalización de penas Facultad de establecer penas inferiores a los mínimos legalesConsejo Constitucional (Francia)
  
Francia corte de casación denunciante anónimo validez de la pruebaCorte de casación. Sala Penal (Francia)
  
Francia corte de casación Nulidades detención derecho a guardar silencio y establecer comunicación con el abogado defensorCorte de casación. Sala penal (Francia)
  
Brasil prisión preventivaSuperior Tribunal de Justicia (Brasil)
PRISIÓN PREVENTIVA. TRIBUNAL SUPREMO DE BRASIL
El fallo señala que la prisión preventiva es una medida excepcional que debe ser decretada sólo cuando se verifican los requisitos legales, observando el principio constitucional de presunción de inocencia y de no culpabilidad, so pena de constituirse en un anticipo de condena. Por ello el juzgador debe interpretar restrictivamente los presupuestos del art. 312 de la ley procesal, efectuando una consideración de las circunstancias fácticas de la causa.
En el caso el Juez relator consideró acreditados esos requisitos a la luz de las graves imputaciones que pesan sobre los imputados a quienes se les atribuye haber integrado una estructura criminal de amplio espectro, que se valía de funcionarios públicos y que se encontraba orientada a la comisión reiterada de delitos.
Se cita la doctrina de la Suprema Corte de ese país en cuanto señala que la garantía del orden público implica entre otras cosas evitar la reiteración delictiva, resguardando de esta manera a la sociedad de mayores daños (HC 84.658/PE, rel Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), y de considerar el peligro que representa el agente para la sociedad como un fundamento apto para la mantención de la segregación " (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandovski, DJ 18/5/2007).
En el fallo se cita Julio Fabbrini Mirabete quien al respecto dice que: "fundamenta en primer lugar el dictado la prisión preventiva el orden público, evitando con la medida que el delincuente cometa nuevos delitos contra la víctima o cualquier otra persona, ya sea por ser acentuadamente propenso a la práctica delictiva, ya porque en libertad encontrará los mismos estímulos vinculados a la infracción cometida" Código de Processo Penal Interpretado, 6ª edição, Atlas, pág. 414)." (fls. 1032/1033).